Mientras el Senado vota hoy en particular un reajuste al ingreso mínimo que la propia central sindical calificó de insuficiente, las cifras oficiales confirman lo que cientos de miles de familias trabajadoras ya sienten en el bolsillo: más cesantía, más empleo precario y un gobierno que elige el ajuste fiscal como receta, justo cuando el cobre registra precios históricos.
Este martes, en medio de la discusión en particular en el Senado, avanza el proyecto que fija el ingreso mínimo mensual en $553.553, con efecto retroactivo desde el 1 de mayo. Se trata de un alza de apenas 2,7%, calculada para igualar la inflación acumulada entre enero y abril, ni un peso más. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la cifra argumentando que un reajuste mayor «tiene impacto en el desempleo», mientras la oposición y la propia CUT calificaron el monto de insuficiente frente al costo de la vida. Desde el oficialismo, en cambio, se insistió en que la prioridad es el «Plan de Reconstrucción Nacional» del Presidente Kast, el paquete de medidas tributarias, laborales y regulatorias con el que el Ejecutivo dice apostar al crecimiento.
El contraste no podría ser más elocuente: a los trabajadores se les pide paciencia y «realismo» salarial en nombre del empleo, mientras la billetera fiscal se abre sin pudor para la desregulación empresarial y el ajuste del gasto social.
Más cesantía, más informalidad
La discusión salarial ocurre en el peor escenario laboral en años. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la desocupación llegó a 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, su nivel más alto en casi cinco años, con una tasa femenina de 10,5% y una desocupación juvenil que, según reconoció el propio ministro Quiroz durante el debate del salario mínimo, ronda el 23%. La informalidad laboral se mantiene además por sobre el 26%, es decir, más de un cuarto de la fuerza de trabajo ocupada no tiene contrato, cotizaciones ni protección social formal. A esto se suma una inflación que, tras meses de relativa calma, volvió a acelerarse: el IPC acumuló 3,9% en doce meses hasta mayo, empujado por vivienda, servicios básicos y transporte, en un contexto que el propio Banco Central advierte se agravará por el alza internacional del petróleo asociada a la guerra en Medio Oriente.
El propio Banco Central reconoció en su último Informe de Política Monetaria que el crecimiento será menor en 2026 que lo proyectado, citando expresamente el menor gasto fiscal y el peor desempeño de la minería como factores. Es decir: la propia autoridad monetaria admite que el ajuste del gasto público —la receta elegida por el gobierno de Kast— contribuye a frenar la actividad, en momentos en que la economía ya muestra señales de agotamiento.
El ajuste es para los de abajo
El nuevo gobierno asumió el 11 de marzo con un diagnóstico de «emergencia fiscal» y un plan de recorte de gasto público por US$6.000 millones a lo largo del mandato, de los cuales US$3.800 millones se aplicarán solo este año mediante una rebaja transversal del 3% en todos los ministerios. El instructivo enviado por el ministro Quiroz a las reparticiones públicas calificó el ajuste de «ineludible».
Pero el recorte no se ha limitado a la «eficiencia del gasto». En marzo, el Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto de negociación colectiva ramal que había impulsado la administración anterior, el cual buscaba que trabajadores de un mismo sector pudieran negociar pisos comunes de salario, condiciones laborales y reparto de la productividad. Kast simplemente declaró que la discusión «no era urgente». La Central Unitaria de Trabajadores salió a protestar de inmediato: su secretario general, Eric Campos, denunció que la política del nuevo gobierno «favorece al mundo empresarial y debilita los derechos de los trabajadores», mientras otros dirigentes sindicales advirtieron que las señales del Ejecutivo —rebajas tributarias a los sectores de mayores ingresos, mayor flexibilidad laboral y dudas abiertas sobre la mantención de la reducción gradual de la jornada de 44 a 40 horas semanales— configuran, en sus palabras, «un gobierno de los empresarios». No es casualidad que, apenas resultó electo, Kast viajara a reunirse con Javier Milei en Argentina: el mismo libreto de desregulación laboral que allí ha significado precarización y debilitamiento sindical es el que inquieta a las organizaciones de trabajadores en Chile.
La reforma de pensiones deja intacto el negocio de las AFP
El otro frente donde se mide el verdadero alcance de las reformas es el sistema de pensiones. La Ley 21.735, que comenzó a implementarse de forma escalonada durante 2025 y 2026, eleva la cotización obligatoria hacia el 8,5%, crea un nuevo seguro social administrado por un fondo público (el FAPP) y aumenta gradualmente la Pensión Garantizada Universal hasta $250.000. Son beneficios reales para sectores de pensionados, pero la reforma no tocó el corazón del sistema: las AFP siguen administrando el ahorro individual obligatorio de millones de trabajadores y cobrando comisión por ello, mientras los nuevos afiliados simplemente «eligen» entre las mismas administradoras de siempre. El negocio previsional privado, lejos de desmontarse, queda reforzado con un pilar estatal que opera a su lado en lugar de reemplazarlo.
Cobre a precio récord, ganancias para pocos
El contraste se vuelve más brutal cuando se mira la minería. Cochilco proyecta que el cobre alcanzará en 2026 niveles de precio históricamente altos —entre US$4,95 y US$5,55 la libra—, impulsado por la demanda de electromovilidad, transición energética y centros de datos de inteligencia artificial. Codelco cerró 2025 con utilidades superiores a US$2.400 millones y un aporte al Fisco de cerca de US$1.778 millones, en parte gracias a la sociedad con la privada SQM para la explotación del litio, que por sí sola aportó más de US$2.000 millones al resultado. Es decir, parte de la renta del litio chileno —un recurso estratégico— sigue entregada a una multinacional privada en lugar de quedar bajo control público pleno.
Y sin embargo, la producción nacional de cobre cae: en El Teniente, la producción anual bajó 13% tras el accidente fatal de julio de 2025 que obligó a un reinicio progresivo de las faenas. En 2025 murieron 15 trabajadores mineros en Chile. Los precios récord no se han traducido en mejores condiciones de seguridad ni en mayor control de los trabajadores sobre la riqueza que ellos mismos producen: se traducen en utilidades para las grandes empresas y en aportes fiscales que el propio gobierno usa, en parte, para financiar el ajuste que termina golpeando a los mismos sectores populares.
La disyuntiva real
El relato oficial presenta el ajuste fiscal y la moderación salarial como sacrificios necesarios para «reactivar» la economía y bajar el desempleo. Pero los datos muestran otra cosa: el desempleo sube igual, la inflación vuelve a acelerar, y los únicos beneficiados claros de la coyuntura —los precios récord del cobre, las ganancias de Codelco, las utilidades de las AFP— no están siendo puestos al servicio de los trabajadores ni de un plan de desarrollo que resuelva la precariedad estructural del empleo en Chile.
Frente a esto, la salida no puede ser esperar que el gobierno de Kast modere su propio programa, ni confiar en que la oposición parlamentaria —incluida la que administró el Estado hasta marzo— ofrezca algo cualitativamente distinto a la gestión del ajuste dentro de los mismos marcos. La defensa de la jornada de 40 horas, la negociación ramal, un salario mínimo que cubra realmente el costo de la vida, el fin del negocio de las AFP y el control público y democrático sobre el cobre y el litio son demandas que solo se conquistan con la organización independiente de los trabajadores, en las calles y en los lugares de trabajo, no en la mesa de negociaciones que el propio gobierno diseña a su medida.
