Gremios acusan «desmantelamiento encubierto» del sistema sanitario y exigen el fin de las transferencias estatales a clínicas privadas. La protesta busca frenar el colapso de la atención primaria en las comunas más vulnerables del país.
SANTIAGO — Diversas organizaciones sindicales y gremios de la salud pública han convocado a una jornada de movilización nacional para la próxima semana, en respuesta a los recientes ajustes presupuestarios anunciados por el Ministerio de Hacienda. Las agrupaciones denuncian que las nuevas medidas fiscales profundizan la crisis de la atención pública y perpetúan un modelo de salud segregado que beneficia el negocio privado.
La convocatoria, liderada por confederaciones de trabajadores de la salud y respaldada por comités de usuarios de base, surge tras semanas de denuncias por falta de insumos médicos críticos, estancamiento en la contratación de personal y listas de espera que siguen rompiendo récords históricos.
El impacto en los sectores populares
Desde las bases sindicales señalan que el recorte golpea directamente a la atención primaria y hospitalaria, afectando de manera desproporcionada a las familias trabajadoras que no pueden costear la medicina privada. Según los dirigentes, el presupuesto actual resulta insuficiente para cubrir la demanda real de la población, lo que se traduce en un agobio laboral extremo para los funcionarios y una atención deficiente para los pacientes.
«No estamos ante un problema de gestión, sino ante una decisión política de precarizar lo público para obligar a la gente a endeudarse en el sistema privado», afirmó un vocero de la federación metropolitana de trabajadores durante la asamblea de coordinación.
Un modelo que financia el negocio privado
El descontento de los gremios apunta también a la continuidad de las políticas de transferencias de fondos públicos hacia clínicas y prestadores privados bajo la modalidad de compra de servicios. Para las organizaciones de trabajadores, estos mecanismos actúan como un salvavidas financiero para los grandes grupos económicos del sector, mientras los hospitales públicos sufren el abandono estatal.
Entre las principales demandas de la movilización se encuentran:
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Inyección inmediata de recursos para la compra de insumos y fármacos esenciales en la red pública.
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Fin a la externalización de servicios y el traspaso de fondos públicos al sector privado.
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Plan de estabilidad laboral para el personal de salud, terminando con la precarización de los contratos a honorarios.
Hacia una respuesta unificada desde las bases
Frente al escenario de movilización, sectores de la izquierda independiente y movimientos populares han manifestado su apoyo a las demandas de los funcionarios de la salud. Representantes de Alternativa Socialista señalaron la importancia de unificar esta lucha con las demandas de otros sectores precarizados, como la educación y el sistema de pensiones.
«La crisis de la salud pública no se va a resolver en los pasillos del Congreso ni con mesas de diálogo que solo buscan dilatar las soluciones. Es necesario que los trabajadores y usuarios nos organicemos de manera independiente para imponer un sistema de salud único, universal, estatal y gestionado bajo control de sus propios trabajadores y comunidades», concluyeron desde la organización.
Se espera que las jornadas de protesta incluyan asambleas en los centros asistenciales, marchas en las principales capitales regionales y mitines informativos dirigidos a la comunidad.
