A poco más de tres meses de asumir, el gobierno de José Antonio Kast ya enfrenta al movimiento estudiantil en las calles. La respuesta ha sido recortar presupuesto, securitizar los colegios y reprimir. El balance del paro nacional del 3 de junio —35 detenidos y heridos de gravedad— resume el tipo de diálogo que el Ejecutivo está dispuesto a ofrecer a la generación que paga la cuenta del ajuste.
El miércoles 3 de junio, apenas 48 horas después de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, más de 25 federaciones estudiantiles se sumaron a un paro y movilización nacional convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). En Santiago, la Delegación Presidencial cambió a último minuto el recorrido autorizado, impidiendo que la marcha avanzara por la Alameda frente a La Moneda. El vocero de la Confech, Diego Torres, denunció la maniobra y llamó a salir a la calle de todas formas. El resultado, según el balance entregado por el propio delegado presidencial metropolitano, fue de 35 personas detenidas solo en la capital, con heridos de gravedad e incidentes entre encapuchados y la Guardia de Orden Público de Carabineros en torno a Plaza Baquedano. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, llegó a decir que no recordaba un nivel de represión semejante en las últimas décadas frente a una marcha estudiantil.
No fue un hecho aislado. Ya en marzo, el mismo día del cambio de mando presidencial, estudiantes del emblemático Liceo 1 Javiera Carrera realizaron una toma simbólica con lienzos contra el nuevo gobierno. En abril, en plena discusión del proyecto «Escuelas Protegidas», se repitieron las tomas en el Instituto Nacional José Miguel Carrera, el Liceo de Aplicación y el propio Liceo 1 Javiera Carrera, y el Liceo Tajamar de Providencia se transformó en otro foco constante de movilización. El movimiento secundario y universitario, adormecido durante buena parte del ciclo anterior, vuelve a tensar sus músculos frente a un gobierno que llegó con un programa explícito de ajuste fiscal y mano dura.
El recorte que golpea las aulas
Detrás de la protesta hay una cifra concreta. El 13 de marzo, apenas dos días después de asumir, el Ministerio de Hacienda de Jorge Quiroz emitió la Circular N°12, que instruyó un recorte transversal del 3% al presupuesto de todos los ministerios, más una rebaja adicional de US$1.000 millones a distribuir según las prioridades del Ejecutivo. Para el Ministerio de Educación, con un presupuesto 2026 de $17,4 billones ya aprobados por el Congreso bajo la administración anterior, ese 3% equivalía a $524.000 millones de pesos: una cifra que organizaciones del sector calcularon como el equivalente a 36 mil profesores menos en las aulas, o a un millón de becas de alimentación escolar.
El Ministerio de Educación resistió. Mientras Hacienda eximió por completo al Ministerio de Seguridad —por su rol en el plan contra el crimen organizado—, Educación negoció a la baja hasta lograr un recorte final de 1,12%, equivalente a $197.700 millones, ajustando gratuidad e infraestructura escolar. Pero la tregua es parcial y temporal: de cara al Presupuesto 2027, Hacienda ya instruyó a Educación discontinuar 15 programas completos y ajustar otros 42, sugiriendo rebajas de hasta 15% en la subvención de Gratuidad, el Crédito con Aval del Estado, el aporte a las universidades estatales, la Beca Indígena y la educación rural. Entre los programas en la mira para ser eliminados directamente figura el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que entrega comidas a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El 11 de mayo, dirigentes de la Confech —entre ellos Bastián López, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago— entregaron una carta en el Ministerio de Educación advirtiendo que el recorte del 3% ya estaba golpeando programas de alimentación, becas y salud estudiantil, profundizando las brechas sociales del sistema. La respuesta del gobierno, hasta ahora, ha sido seguir adelante con el ajuste mientras ofrece como contrapartida un proyecto centrado no en financiamiento, sino en control.
«Escuelas Protegidas»: seguridad para las cámaras, no para las comunidades
En abril, tras una tragedia ocurrida en un colegio de Calama, Kast presentó el proyecto «Escuelas Protegidas», que faculta a los sostenedores a revisar mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes, restringe el uso de capuchas y pasamontañas dentro de los establecimientos, y modifica el Código Penal para agravar las penas por hechos de violencia escolar. El proyecto fue aprobado en el Congreso por amplia mayoría y ya es ley.
El propio gremio docente fue de los primeros en cuestionarlo. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, lo calificó de pobre e insuficiente, señalando que se limita a la contención inmediata sin abordar las causas de fondo de la violencia escolar —salud mental, falta de profesionales de apoyo, hacinamiento— ni revertir la falta de recursos que el propio ajuste fiscal del gobierno viene a agravar. Para sectores del movimiento estudiantil, el proyecto cumple además otra función: disciplinar y vigilar a una generación que, frente a los recortes, vuelve a organizarse. No es casualidad que, en paralelo, la Fiscalía haya pedido prisión preventiva —rechazada por el tribunal— contra tres jóvenes detenidos en la Universidad Austral de Valdivia por protestar contra una autoridad de gobierno, acusados de «atentado contra la autoridad» por empujar a un funcionario y arrojar agua.
Una educación que sigue siendo negocio
Más allá del recorte de emergencia, el modelo de fondo no ha cambiado. La gratuidad sigue conviviendo con el Crédito con Aval del Estado y con un sistema de becas fragmentado en más de una decena de líneas distintas, mientras la promesa de reemplazar el CAE por un nuevo Sistema de Financiamiento Estudiantil (FES) —que buscaría poner fin definitivamente a la lógica de deuda estudiantil— sigue sin resolverse, según ha documentado el propio centro de estudios CIPER. El financiamiento de la educación superior continúa, en lo esencial, atado a la lógica de mercado que el movimiento estudiantil viene denunciando desde 2006 y 2011: gratuidad para quienes logran clasificar, deuda para el resto, y un sistema escolar donde la subvención por alumno sigue dependiendo de la matrícula y no del derecho social a aprender.
La salida no está en la mesa del gobierno
El movimiento estudiantil chileno vuelve a estar en las calles a menos de cien días de un nuevo gobierno, y la respuesta que ha recibido —recortes, un proyecto de control disfrazado de seguridad, una oposición parlamentaria que en los hechos ha colaborado más que confrontado, y carabineros deteniendo a 35 personas en una sola jornada— deja en evidencia que no habrá concesiones por buena voluntad. La defensa de la educación pública, la oposición a la eliminación de becas de alimentación, el rechazo a la criminalización de estudiantes y profesores, y la disputa por un financiamiento que termine con la deuda y la lógica de mercado en la educación son demandas que solo avanzan con organización de base en liceos y universidades, en alianza con los trabajadores de la educación y con el conjunto del movimiento sindical que hoy enfrenta el mismo ajuste desde otro frente. La educación, como recuerda cada nueva generación que sale a las calles, se sigue defendiendo ahí: organizada, en las tomas, en los paros y en la movilización, no en los despachos de Hacienda.
