Más de seis mil trabajadores portuarios inician este jueves 18 de junio una huelga nacional indefinida después de meses de promesas incumplidas. No es un hecho aislado: de los muelles a los laboratorios públicos, pasando por las cadenas de comida rápida, el primer semestre del gobierno de Kast deja un mapa de conflictos que muestra dónde está hoy la disputa real por el trabajo en Chile.
La Confederación Unión Portuaria de Chile, que agrupa a más de seis mil trabajadoras y trabajadores de los terminales del país, anunció esta semana una paralización nacional indefinida a partir del primer turno del jueves 18 de junio. La organización acusa al gobierno de incumplir compromisos adquiridos meses atrás y de convertir el diálogo en una sucesión de reuniones vacías. Ya en abril habían advertido sobre esta posibilidad; ahora, agotada la espera, llamaron a sus bases a sostener la movilización con una consigna directa: cuando el diálogo es una burla, la calle es el único camino digno. Se trata de uno de los sectores con mayor capacidad histórica de paralizar la economía —los puertos mueven la inmensa mayoría del comercio exterior chileno—, y su decisión de ir al paro indefinido en pleno ajuste fiscal es una señal de hasta dónde ha llegado el desgaste de la negociación con La Moneda.
«Pleno empleo» sin hablar de salarios
La huelga portuaria llega además en momentos en que el propio diagnóstico oficial sobre el mercado laboral empieza a ser disputado. En su primera Cuenta Pública, el 1 de junio, el presidente Kast fijó como meta llegar al pleno empleo y reducir el desempleo al 6% hacia 2030. Pero el economista Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile e investigador de la Fundación SOL, salió esos mismos días a desarmar la promesa: si a la desocupación oficial —en torno al 9%— se le suman las personas subempleadas que necesitan y buscan más horas de trabajo, y quienes dejaron de buscar empleo por desaliento, la tasa real se empina hasta el 13%, un nivel que la medición ampliada no ha bajado en los últimos quince años. Para Durán, el problema de fondo es que se puede prometer pleno empleo sin mencionar una sola vez los salarios, la negociación colectiva, la estabilidad contractual o el fortalecimiento sindical, como ocurrió en la Cuenta Pública: se trataría, en sus palabras, de pleno empleo estadístico, alcanzable multiplicando empleos parciales, temporales o mal pagados sin que mejoren las condiciones de vida de quienes los ocupan. Su conclusión fue tajante: ante la pregunta de si existe voluntad real de pleno empleo aquí y ahora, respondió que a otro perro con ese hueso.
El sindicalismo de base, golpe a golpe
Mientras se discute en términos macro qué significa el empleo pleno, en la base del mercado laboral los sindicatos siguen enfrentando atropellos concretos. Es el caso del Sindicato Premier, que agrupa a trabajadores de las franquicias Little Caesars Pizza y Krispy Kreme en Chile, operadas por el grupo mexicano Premier. Desde 2023, la empresa eliminó unilateralmente la entrega de colaciones a su personal, sin negociarlo ni acordarlo con la organización sindical que los representa, afectando directamente el ingreso real de quienes sostienen la operación diaria de los locales. El sindicato no se quedó de brazos cruzados: exige la restitución del beneficio suprimido y ha puesto sobre la mesa una agenda más amplia de mejoras laborales, en un rubro —el retail y la comida rápida— donde este tipo de recortes unilaterales suele repetirse porque las empresas confían en la desorganización o el temor de su propia fuerza de trabajo. Es exactamente el tipo de atropello cotidiano, alejado de los titulares, que explica por qué la organización sindical sigue siendo la única herramienta real de defensa frente al empleador.
Cuando el ajuste cuesta más de lo que ahorra
El mismo patrón de «ahorro» que termina costando más se repite en el sector público. Esta semana, profesionales agrupados en la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública (APRUS-ISP) advirtieron que el gobierno apunta sus recortes presupuestarios al Programa de Evaluación Externa de la Calidad, que desde 1972 controla la calidad de los exámenes de los laboratorios clínicos del país. Si el programa se reduce o elimina, los laboratorios deberán contratar evaluaciones con entidades extranjeras que cobran hasta un 400% más: un hospital público que hoy paga $1.800 millones de pesos por este servicio a través del ISP pasaría a pagar cerca de $9.000 millones si recurre a un proveedor internacional, según el propio gremio. El exdirector del ISP, Ricardo Fábrega, fue categórico al señalar que ese programa ahorra recursos al sistema en vez de gastarlos, y calificó de pensamiento mágico la idea de que hoy se puede recortar en salud sin consecuencias. El recorte no solo amenaza un programa estratégico de salud pública: amenaza también los puestos de trabajo de los científicos y profesionales que lo sostienen.
Un mismo gobierno, un mismo método
Los tres frentes —portuarios, sindicalismo de base en el retail, profesionales de la salud pública— comparten un denominador común: un gobierno que llegó con la promesa de un ajuste fiscal de US$6.000 millones a lo largo del mandato y que, en los hechos, ha elegido aplicarlo retirando del Congreso el proyecto de negociación ramal, dejando en el aire la mantención de la jornada de 40 horas, y tensionando cada mesa de diálogo sectorial hasta el límite de la paciencia sindical. La Central Unitaria de Trabajadores ya advirtió en marzo que las señales del nuevo gobierno apuntan a favorecer al empresariado por sobre los derechos laborales conquistados. La huelga portuaria que comienza este jueves no es más que la expresión más visible, por ahora, de un malestar que recorre fábricas, puertos, laboratorios y locales de comida rápida por igual.
La organización como única garantía
Si algo deja claro este primer semestre es que ningún derecho laboral se sostiene únicamente en la buena voluntad de un gobierno ni en la letra de una ley que puede modificarse por decreto o por dictamen. Los portuarios lo saben mejor que nadie: después de meses de mesas de diálogo sin resultados, decidieron que la única vía que les queda es la movilización directa. Esa misma lección es la que atraviesa al sindicato de comida rápida que pelea por una colación perdida y a los profesionales de salud pública que defienden un programa amenazado por la lógica del ahorro a cualquier precio. La tarea para el movimiento sindical chileno en este nuevo escenario no es esperar que el ajuste se modere por sí solo, sino tejer la coordinación entre estos frentes dispersos —del puerto al laboratorio, de la fábrica al local de comida rápida— para que la respuesta a la ofensiva empresarial y fiscal sea, como en los muelles, una sola.
