Ante la brutal ofensiva imperialista lanzada por Donald Trump contra Cuba, el gobierno de Díaz-Canel respondió anunciando un amplio paquete de medidas a favor del mercado y adoptando una política que profundiza cualitativamente el proceso de restauración capitalista en la isla. Lejos de apaciguar la furia de Trump y Rubio o de atender las legítimas demandas de una población que ha realizado inmensos sacrificios, esta política solo sirve para socavar los cimientos de la resistencia al imperialismo, aumentar la desigualdad y revertir aún más los logros históricos de la revolución cubana.
Apenas una semana después del anuncio del presidente Miguel Díaz-Canel el 18 de junio, la Asamblea Nacional cubana aprobó un paquete de 176 medidas agrupadas en 23 áreas temáticas, que representan el cambio estructural más profundo en la economía y la sociedad cubanas de la historia reciente. A pesar de la postura oficial de que los cambios buscan «hacer lo necesario para preservar lo esencial», una vez implementados, representarán un paso significativo hacia la plena restauración del capitalismo.
El paquete de medidas formaliza la plena apertura del país al mercado y a las grandes empresas, eliminando la mayoría de las restricciones que se mantenían incluso bajo reformas anteriores. La nueva política económica autoriza ampliamente las actividades de grandes empresas y bancos privados, así como de explotaciones agrícolas y ganaderas privadas; transforma las empresas estatales en sociedades anónimas y allana el camino para las privatizaciones. En la práctica, la nueva política del gobierno cubano pone fin al monopolio estatal del comercio exterior y, una vez implementada, elimina los fundamentos de una economía planificada.
Si bien la nueva política descentraliza significativamente la gestión de la actividad económica y otorga mayor autonomía a las autoridades locales, deja la fijación de precios y salarios en manos del mercado, eliminando además los subsidios. Esto pone fin, de una vez por todas, a la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a bienes y servicios básicos, y somete a toda la población a la lógica del mercado y a la búsqueda de beneficios. Es innegable que este conjunto de medidas representa una profundización de la desigualdad social en este país que, durante décadas, fue símbolo de igualdad y solidaridad.
Por lo tanto, no se trata de estimular aún más el autoempleo limitado ni la creación de pequeñas y medianas empresas, como ocurría en reformas anteriores. Ahora se trata de allanar el camino para la llegada de grandes capitales nacionales y extranjeros a la isla prácticamente sin restricciones. Para atraer este capital, se considera aceptable cualquier concesión, incluyendo la eliminación de derechos sociales y laborales, el debilitamiento de la regulación estatal y el sacrificio de la soberanía nacional.
Si bien los portavoces del régimen cubano niegan que se esté llevando a cabo una restauración capitalista a gran escala, siguen acelerando los pasos en esa dirección. El mercado ha dejado de ser un complemento de la economía planificada —como se consideraba en las reformas hasta ese momento— y se ha convertido en un pilar fundamental de la economía. En la práctica, y de manera similar a lo que vemos en países como China, la mención del «socialismo» sirve simplemente para justificar la permanencia del poder en manos del Partido Comunista mientras la base económica de la sociedad se abre a las grandes empresas.
Las reformas procapitalistas no defenderán a Cuba del imperialismo.
La idea de que Cuba pueda replicar un modelo capitalista al estilo vietnamita o chino (manteniendo la retórica «socialista»), considerados ejemplos exitosos, no es más que una ilusión. El panorama internacional actual y la realidad específica de la isla son muy diferentes a lo ocurrido en esos casos, sin mencionar que el propio modelo capitalista chino enfrenta profundas contradicciones y atraviesa su peor crisis en muchos años.
Lejos de representar una salida a la crisis actual en Cuba, las duras medidas promercado adoptadas por el régimen solo conducirán a un mayor descontento, generarán nuevas contradicciones y darán a las grandes empresas, al imperialismo estadounidense y a sus aliados un mayor margen de maniobra para avanzar en la isla.
Miguel Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista al frente del Estado cubano pretenden, mediante las medidas adoptadas, indicar al imperialismo que un cambio de régimen no es necesario para que prevalezcan los intereses del gran capital en Cuba. Sin embargo, el plan de transición a una economía de mercado (incluso con una retórica supuestamente «socialista»), bajo el estricto control de la burocracia del Partido Comunista, podría no ser suficiente para satisfacer a Trump y al imperialismo estadounidense. Cuba sigue expuesta a una agresión externa, más allá del bloqueo energético y los ataques que se están produciendo actualmente.
Defender a Cuba del imperialismo no significa defender las políticas procapitalistas del régimen cubano. Significa, en cambio, rechazar la restauración capitalista, priorizar la movilización de los trabajadores, apoyarse en la solidaridad y la lucha internacionales, y proponer una alternativa de planificación económica socialista bajo el control democrático de los trabajadores, y no de burócratas que aspiran a convertirse en una nueva burguesía.
El deseo de cambio en Cuba es legítimo y justo; sin duda, se necesitan cambios profundos. Pero la cuestión es hacia dónde deben dirigirse estos cambios. La lucha no puede reducirse a limitar el ritmo y el alcance de las concesiones al mercado y al gran capital. Debemos reavivar el espíritu revolucionario que ha movilizado al pueblo cubano en numerosas ocasiones. El cambio debe orientarse hacia un auténtico poder obrero y popular, y hacia un socialismo genuino.
Del cambio revolucionario a las reformas procapitalistas
A diferencia de otros procesos revolucionarios latinoamericanos, que acabaron por quedar en el camino, la revolución cubana de 1959 adquirió finalmente una dinámica de ruptura con el capitalismo y el Estado burgués, aunque sin lograr plenamente el socialismo y la democracia obrera.
En el proceso revolucionario cubano, las demandas democráticas, populares y antiimperialistas que impulsaron a los revolucionarios y a amplios sectores de la población terminaron trascendiendo sus propios límites y adquiriendo un carácter anticapitalista al enfrentarse a la agresiva reacción del imperialismo y a las barreras estructurales de un capitalismo periférico y dependiente.
Para acabar con la autocracia y la sumisión al imperialismo, era necesario destruir los cimientos capitalistas de la sociedad cubana, aunque este no fuera precisamente el plan original de los revolucionarios de la Sierra Maestra. Las tareas anticapitalistas de la revolución, como la expropiación del capital nacional y extranjero y el establecimiento de una economía planificada, resultaron indispensables para alcanzar la soberanía nacional y los derechos democráticos y sociales más básicos.
Esto también fue posible dentro de un contexto internacional caracterizado por la existencia de estados obreros, aunque deformados o degenerados, en particular la Unión Soviética. Además, sumado a la acción guerrillera en las zonas rurales, la movilización de la clase obrera en el proceso revolucionario —si bien con sus propias características específicas y sin la creación de órganos de poder obreros como en Rusia en 1917— desempeñó un papel importante en el resultado anticapitalista de la revolución.
El establecimiento de una economía planificada en Cuba, a pesar de carecer de una verdadera democracia obrera (requisito indispensable para un auténtico proyecto socialista), permitió a la clase trabajadora y al pueblo alcanzar innumerables logros históricos. Asimismo, permitió al país, a diferencia de muchos otros, resistir la agresión imperialista casi constante.
La destrucción de los cimientos de la economía capitalista en la isla y los logros resultantes en áreas como la sanidad, la educación, los derechos sociales, etc., no solo proporcionaron una base de apoyo y autoridad al régimen liderado por Fidel Castro, sino que también transformaron a Cuba en un símbolo y un referente político para todos aquellos que luchan por la justicia, la igualdad y contra todas las formas de opresión.
Al mismo tiempo, la ausencia de una auténtica democracia obrera y las limitaciones impuestas por la burocracia arraigada en el Partido Comunista y el Estado —incluida su alineación con la burocracia estalinista de la entonces Unión Soviética— pasaron a desempeñar un papel cada vez más decisivo en la configuración del rumbo de la Cuba poscapitalista, tanto interna como externamente. La burocratización, el autoritarismo, la corrupción y la ausencia de la esencia vital de la democracia obrera —necesaria para el pleno funcionamiento de una economía planificada— tuvieron consecuencias nefastas.
Bajo el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el imperialismo estadounidense contra la isla desde 1962, la economía cubana se volvió extremadamente dependiente de la Unión Soviética. Con el colapso del estalinismo, la restauración capitalista en Europa del Este y el fin de la Unión Soviética, la economía cubana se sumió en una profunda crisis. Tras perder más del 80 por ciento de su comercio exterior y casi la totalidad de su suministro de petróleo, así como la financiación externa y los mercados que antes le estaban garantizados, la economía cubana se contrajo alrededor de un 35 por ciento entre 1990 y 1993, los peores años del llamado «Período Especial», que se extendió hasta principios de la década de 2000.
Ante esta profunda crisis, el régimen cubano, aún bajo el liderazgo de Fidel Castro, optó por medidas como la legalización del uso del dólar estadounidense en la isla, la priorización del turismo y la autorización de la inversión extranjera privada en ciertos sectores (turismo, minería y petróleo). El resultado fue un aumento de la desigualdad social en el contexto de una economía dual, donde quienes tenían acceso a dólares estadounidenses gozaban de una posición privilegiada en comparación con el resto de la población.
Fue en 1995, durante el Período Especial, cuando se formó GAESA (Grupo de Administración Empresarial SA), un conglomerado de empresas de diversos sectores (turismo, hostelería, comercio minorista, telecomunicaciones, logística, puertos, finanzas, remesas) que representa al menos el 40 por ciento de la economía del país. GAESA está controlada por las Fuerzas Armadas cubanas sin ningún mecanismo de supervisión externa y ha llegado a concentrar un enorme poder económico y político en manos de un sector clave de la burocracia cubana.
Con el ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela, en un contexto de crecientes luchas de masas en América Latina y un auge de las materias primas en el mercado mundial, el panorama internacional cambió significativamente. La cooperación económica de Venezuela con Cuba, especialmente en materia petrolera, permitió a la isla recuperar el aliento. En este contexto, el impulso de las reformas a favor del mercado se vio frenado, relativamente hablando.
Reformas de mercado bajo el mandato de Raúl Castro y la nueva Constitución
La situación comenzó a cambiar nuevamente con el acceso de Raúl Castro a la presidencia entre 2006 y 2008. El Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), celebrado en 2011, aprobó los llamados «Lineamientos» (Directrices Económicas y Sociales del Partido y de la Revolución), que eran de carácter promercado e incluían la expansión del sector privado, incentivos a la inversión extranjera, mayor autonomía para las empresas estatales y una reducción de los subsidios.
En este mismo contexto, poco después, en 2015-2016, el imperialismo estadounidense bajo el mandato de Obama, buscando estimular el proceso de restauración capitalista en la isla, optó por una política de suavización del bloqueo y restablecimiento parcial de las relaciones con Cuba.
Con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos en 2017, este proceso se revirtió. El bloqueo se intensificó, afectando gravemente al turismo, las remesas y la inversión extranjera. La situación se agravó aún más por la creciente crisis en Venezuela , que afectó al suministro de petróleo y a la financiación de las actividades económicas en la isla.
Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de Cuba en 2018 tras ser nominado y respaldado por Raúl Castro, quien siguió siendo una figura clave en la política cubana. El nuevo gobierno impulsó la política de reformas a favor del mercado. La nueva Constitución, adoptada en 2019, incluyó la propiedad privada de los medios de producción, tanto por cubanos como por extranjeros, entre los siete tipos de propiedad permitidos en la isla, si bien, según el texto, esta se consideraba de carácter complementario. Bajo la nueva Constitución, el Estado estaba obligado a promover, proteger y brindar garantías a la inversión extranjera en el país.
Si bien el nuevo texto constitucional aún menciona el «socialismo», considera al mercado como una parte importante de la coordinación económica, y no como un mero elemento residual. Esto acercó la retórica del régimen cubano a la utilizada en países como China o Vietnam, y el «modelo chino» se convirtió en un referente para una parte significativa de la dirección del partido y del Estado, aunque dicho modelo no fuera defendido explícitamente.
Dentro de la burocracia estatal cubana, siempre han existido debates y disputas sobre el ritmo y el alcance de la implementación de las reformas de libre mercado. Muchas de las medidas planificadas durante años han encontrado dificultades en su aplicación, ya sea porque parte de la burocracia se sentía amenazada o porque existía una resistencia popular legítima —que involucraba tanto a jóvenes como a veteranos— contra la amenaza de una restauración capitalista al estilo chino. Aun así, la política de reformas de libre mercado ha ido cobrando cada vez más impulso.
Díaz-Canel – Reformas, crisis y las protestas del 11 de julio de 2021
Un punto de inflexión en este proceso se produjo a partir de 2021, en un contexto marcado por la continua agresión imperialista y la intensificación del bloqueo promovido por Trump y mantenido por Joe Biden. La grave crisis económica en Venezuela también persistió, dificultando el suministro de petróleo a Cuba. A esto se sumaron los terribles efectos de la pandemia de COVID-19.
El impacto humano de la pandemia se vio mitigado por los logros de la revolución en materia de salud pública, como la producción de vacunas propias, pero aun así fue grave. La pandemia tuvo drásticas consecuencias económicas, con el casi colapso del turismo en el país y restricciones a las exportaciones cubanas de servicios profesionales, como los del sector salud, entre otros.
El régimen cubano retomó con vigor las reformas económicas a favor del mercado en enero de 2021 con la denominada « Tarea Ordenamiento ». Se abolió el sistema de doble moneda con la desaparición del CUC (Peso Convertible Cubano, la moneda vinculada al dólar utilizada en el turismo, etc.), y se hicieron esfuerzos para implementar reformas que se habían propuesto pero no se habían llevado a cabo. La unificación del tipo de cambio fue parcial, ya que el gobierno mantuvo las tarjetas de débito con dólares para uso de extranjeros y familias con parientes en el extranjero —la denominada MLC (Moneda de Libre Conversión)—, lo que perpetuó la discriminación contra quienes no tenían acceso a dólares.
Con la devaluación del tipo de cambio y el fin de los subsidios cruciales, se produjo un alza vertiginosa de los precios, un fuerte aumento de las tarifas de electricidad y otros servicios esenciales, así como de diversos productos alimenticios. Los aumentos salariales y de pensiones no lograron compensar la hiperinflación, lo que provocó un enorme descontento popular. La escasez de alimentos, medicamentos y otros productos también empeoró, al igual que los cortes de electricidad.
Fue en este contexto de crisis, deterioro de las condiciones de vida, creciente desigualdad, reformas procapitalistas y la continua postura represiva del Estado que estallaron las protestas del 11 de julio de 2021 hace exactamente cinco años .
Las manifestaciones del 11 de julio comenzaron en las afueras de La Habana, en San Antonio de los Baños, y se extendieron a varias ciudades. El propio gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de un descontento legítimo en la sociedad, pero mantuvo su aparato represivo contra cualquier manifestación popular que escapara al control del aparato estatal y del partido gobernante. De los cientos, o incluso más de mil, de personas detenidas durante aquel episodio, algunas permanecen en prisión.
Es cierto que la derecha proimperialista intentó explotar estas manifestaciones, sobre todo en el periodo posterior al 11 de julio. El régimen fue incapaz de responder al descontento popular ni de satisfacer las demandas del pueblo. Ante este panorama, y dado el cansancio acumulado en la sociedad, la derecha encuentra terreno fértil para sembrar confusión y fomentar ilusiones en torno a soluciones de libre mercado. Sin embargo, otro factor significativo es que las fuerzas de izquierda, socialistas y revolucionarias, que mantienen una postura crítica hacia el régimen cubano, siguen muy debilitadas, víctimas también de la represión y la persecución estatal.
Una solución socialista e internacionalista basada en la democracia obrera.
A principios de julio, Cuba sufrió otro apagón nacional, el tercero del año y el octavo en casi 24 meses. Además de los cortes de luz diarios y rutinarios, con la “desconexión total de la red eléctrica nacional”, como la describe el gobierno, el apagón afectó a todo el país simultáneamente. En La Habana, el apagón duró 35 horas, mientras que en otras regiones del país se prolongó durante unos tres días.
Además, la basura se acumula en las calles, los medicamentos escasean y hay falta de alimentos y productos básicos. Continúan produciéndose protestas de diversa magnitud con frecuencia en las calles de La Habana y otras regiones, pero sin una dirección clara ni un plan definido.
Las generaciones más jóvenes nunca han vivido en primera persona los logros de la revolución de 1959, mientras que algunas generaciones mayores se sienten cansadas y desilusionadas con el rumbo que está tomando el país. El gobierno se esfuerza por convencer a la población de que las reformas a favor del mercado son reales esta vez y que este es el camino a seguir. Al hacerlo, colabora con la oposición de derecha, procapitalista y proimperialista.
La única forma de contrarrestar los intentos de manipulación de la conciencia pública promovidos por el imperialismo es garantizar la democracia más amplia posible para los trabajadores, incluyendo el derecho a organizarse, a manifestarse y la posibilidad de luchar por un plan alternativo para superar la crisis; un plan que rechace la «solución» capitalista basada en el mercado que tanto el régimen como el imperialismo intentan imponer al pueblo cubano.
Por eso, defender la revolución cubana hoy no significa defender al gobierno cubano, sino construir una alternativa de izquierda, socialista, revolucionaria e internacionalista.
